Una lectura política de la pandemia

 

Las grandes crisis, sean económicas, sanitarias o bélicas, traen cambios que afectan, paulatinamente, al devenir de los hábitos y conductas sociales de los ciudadanos así como a la convivencia de las ciudades. Sin duda, la pandemia del virus Covid-19 no ha sido una excepción: mientras las muertes se reducían a números y se pretendía disimular una desgracia mediante cánticos festivos en terrazas y ventanas al caer la tarde, se utilizó la pandemia como un perfecto pretexto para que los gobiernos se arrogasen potestades que, como posteriormente declaró el Tribunal Constitucional, sobrepasaron los límites del poder que la ley impone al gobernante.

Tras la confusión de institutos jurídicos idóneos para la situación pandémica y la ausencia de control parlamentario para la rendición de cuentas del presidente ante la situación excepcional instaurada, la fragilidad de unos derechos y libertades limitados de ejercibilidad para los ciudadanos fue la primera advertencia del cambio que estaba por llegar.

Asimismo, la pandemia manifestó comportamientos erosivos para la vida social, con persistentes señalamientos por la incorrecta colocación de mascarilla o las reprimendas que la denominada “policía de balcón” vertía sobre los viandantes, que nos recuerdan que el puritanismo, que no cesa en señalar al otro por sus actos, es el gran mal que el protestantismo inoculó en las sociedades capitalistas.

De un tiempo a esta parte, se puede afirmar que se ha instaurado ante nosotros un sistema de control social sin precedentes en el presente siglo. Al tiempo que la inmensa mayoría de la población se vacunaba -atenuaba el riesgo de agravamiento y mortalidad por la enfermedad- se comenzaban a imponer las medidas más restrictivas de la pandemia, mediante pasaportes o salvoconductos limitativos para el ejercicio de la vida común. Es extraño cómo no se ha debatido sobre la motivación de la medida y la finalidad a la qué sirve cuando, a todas luces, sabemos que la vacuna no imposibilita la posibilidad de contraer el virus ni de transmitirlo. Esta situación invita a analizar las siguientes cuestiones:

De un lado, resulta pertinente plantearse si con un 90% de la población vacunada, el riesgo de muerte que conlleva sentarse en un bar a tomar una cerveza es suficiente para exigir un pasaporte de vacunación. A este respecto, si uno repara en comparar los datos actuales con los de hace un año puede observar cómo la eficacia de las vacunas ha disminuido la presión hospitalaria y ha provocado que el riesgo de mortalidad, actualmente, sea bajo.

De otro, debemos atender a que el criterio adoptado para instaurar este mecanismo de control social es la alta contagiosidad de la variante Omicron. Si es bien sabido que la vacuna no impide la contracción ni la transmisibilidad del virus, con la lógica del criterio adoptado se podrían justificar medidas restrictivas de modo ilimitado en el tiempo.

Se puede observar pues, que si las medidas están lejos de responder los datos y criterios científicos, estamos antes un ejercicio de demostración de poder que pretende señalar a aquellos que, en el ejercicio de su libertad, han decidido no vacunarse.
Hasta ahora, la política había preservado un espacio de relación entre gobernante y ciudadano que, a pesar de mostrar signos de deterioro, preservaba la posibilidad de ejercicio de una libertad política que ayudaba a contener las grietas que arrastraba la convivencia social. Sin embargo, con la instauración del pasaporte Covid, la ruptura de la convivencia, mediante la distinción entre buenos y malos ciudadanos, es clara, y el sistema liberal, en tanto que pervive una pretensión indirecta de excluir a una parte de la población, comienza a quebrantarse.

Al comienzo de la presente reflexión advertía sobre los cambios que en los hábitos sociales provocan las grandes crisis. No puedo sino manifestar mi disconformidad con las consecuencias que el señalamiento al otro y la exclusión de la vida social de un parte de la población tienen para vida en común, en tanto que se trata del desarrollo de unos hábitos perjudiciales para la convivencia.

 

Joaquín Fernández de Aguilar

22.12.2021.